Por Freddy Ponce
INTRODUCCIÓN
Hoy se vive un
estallido social sin precedentes en la historia política chilena, en las que en
forma masiva la ciudadanía a través de su participación se ha manifestado en múltiples
marchas que pretenden alcanzar derechos sociales considerados inalienables y largamente
conculcados. Ello compromete a las instituciones políticas y sociales a dar
respuesta a las exigencias por los derechos ciudadanos; en tal medida es la oportunidad
para discutir seriamente las bases de una nueva forma de convivencia social,
afectada por las condiciones de abuso de una sociedad que se encuentra agotada en
sus bases mismas, en razón de un modelo en crisis estructural el que por cierto
implica la necesaria reconfiguración de deberes y derechos de las personas, de
modo que para que ello tenga impacto real en las dimensiones socioeconómicas de
las personas es necesario establecer propuestas aceptables para las diferentes
clases sociales de este país, en la que los marginados de la sociedad han
sufrido una permanente condición de abuso.
El modelo de
sociedad establecido en chile desde la toma del poder por una junta cívico
militar, se encuentra agotado en sus raíces. Durante 17 años, la dictadura se
encargó de construir condiciones de abuso y desigualdad al imponer un modelo de
sociedad de corte neoliberal, con una constitución a doc que dejó amarres para
que ningún cambio fuera posible, con una profunda huella de abusos físicos y
tortura y consideraciones de baja solidaridad entre las personas por el
establecimiento de un sistema económico donde el individualismo ha dejado
marca.
Hacia el término
de la dictadura una agrupación de partidos políticos de amplio espectro que
durante largo tiempo venían exigiendo un cambio político hacia la instauración
de la democracia, pudieron obtener los votos necesarios para lograr el primer
gobierno democrático, el que dio esperanzas a las personas pero con la grave
consideración de hacer justicia “en la medida de lo posible”.
Luego de 30 años
de una democracia comprometida, con un modelo único de sociedad y a la manera
chilena, se puede decir que nada cambio, la estructura básica del país
construida por la dictadura, se mantiene incólume y por cierto se hizo un
habito el abuso de las grandes empresas para con el consumidor: el agua, el
gas, la luz la telefonía las farmacias y una larga lista de grandes comercios
que se han coludido para abusar del consumidor. Los sucesivos gobiernos de
distinto signo se han basado en un sistema aprobado por la constitución del año
80, y no han sido capaces o no han querido utilizar los argumentos propios del
estado para castigar efectivamente el abuso.
De esta manera la
ciudadanía vio transitar por las noticias en diario y televisión, una gran
cantidad de abusos llamados de guante blanco que han quedado en la Impunidad
entre otros:
El Caso Riggs, Dávila-Codelco,
MilicoGate, PacoGate, Caso Penta, Caso Soquimich, Banco de Talca, las distintas
Colusiones, Punta Peuco, Paraíso Fiscal, Nepotismo, Perdonazos Tributarios,
leyes de amarre etc..
De manera que
dado los sostenidos casos de abusos, tan solo un pequeño cambio en la
estructura de precio del transporte colectivo haya tenido como resultado una
tremenda respuesta de parte de los ciudadanos, cansados ya de tanto abuso por
parte del sistema económico actual. En este transitar las personas en la calle
han debido soportar la represión de parte de carabineros avalada por parte del
estado con el argumento de resguardar el orden público, y con el resultado de una
gran cantidad de heridos y muertos.
HACIA UNA NUEVO ORDEN SOCIAL
En 17 años la dictadura construyó una sociedad tremendamente segmentada
y dividida según su consideración socioeconómica, cuyas profundas diferencias
sociales y asimetrías respecto del tratamiento de los ciudadanos. De esta forma
se destruyó el tejido social existente e identidad de chile hasta antes del
establecimiento de la dictadura. Lo que ha derivado en formas de vida de tipo
guetos sociales en donde se verifica las condiciones socioeconómicas de
igualdad en las que las asimetrías han logrado conculcar los derechos por parte
de las clases dominantes.
Ciertamente Chile
vive la peor crisis de tipo estructural del sistema político económico, a la
que se puede considerar ya como una crisis sistémica, de un modelo político
económico imperante en la sociedad chilena en plena decadencia y agotado, más
allá de que en el mundo de la sociedad occidental también se encuentra en
decadencia y por cierto chile es parte de los restos de ese modelo neoliberal
agotado, como lo señalaran sociólogos y economistas, Spengler y otros en la
decadencia de occidente, y por cierto es necesario constituir un nuevo orden
social para un nuevo contrato social en el país. De modo que es necesario dar
respuestas acerca de las nuevas condiciones para el establecimiento de un nuevo
contrato de derechos y deberes con los que la sociedad se siente en capacidad
de aceptar para una convivencia en paz.
En las actuales circunstancias se ve difícil establecer cuáles pueden
ser las medidas concretas para la paz social, pues hoy el estallido social ha
alcanzado tal nivel de magnitud que requiere de la intervención de los actores
sociales capaces de dar plena satisfacción a fin de abrir canales de dialogo y participación
en encuentros sociales necesarios para establecer los temas que inquietan a la
sociedad a modo de dar respuesta a las bases sociales para el establecimiento
de las condiciones para una nueva forma de convivencia en el que confluyan los
intereses de las grandes mayorías del país.
El susodicho pacto o contrato social, es por cierto
un acuerdo entre las grandes mayorías de la sociedad a objeto de definir cuáles
son los derechos y deberes, que se establecerán en este nuevo acuerdo en cláusulas
para una constitución en donde ellas deben ser consideradas que no pueden ser inmutables
o naturales, sino que por el contrario puedan ser cambiadas dependiendo de las
circunstancias y transformaciones de cada momento histórico y de las
correlaciones de fuerzas entre los componentes de la sociedad.
En este sentido una pauta del comportamiento social queda referida a las
4 clases sociales que pueden caracterizar el nuevo contrato social, como la
forma en que deben cambiar los derechos y deberes de cada uno de estos grupos.
La complejidad en la generación de respuestas que satisfagan las
demandas de los ciudadanos se encuentra dada por un bolsón de pobreza, grupo cuyas
demandas son sin duda las que más se expresan en la calle. Pues ellos no tienen
acceso a trabajos de calidad, sin oportunidades en sus vidas y tampoco la
posibilidad de asegurar el futuro de
sus hijos. Y por cierto tampoco el estado hace lo suficiente para que tales
personas tengan una calidad de vida mínimamente digna pues en muchos casos se discrimina
a este grupo perpetuando su situación de exclusión, localizando sus viviendas
en sectores de baja calidad de terrenos y construcción, estableciendo verdaderos
guetos de pobreza.
En esta medida se hace difícil satisfacer las demandas de largo plazo de
este grupo, sin embargo se requiere de condiciones de accesos de calidad sin
restricción a sus derechos sociales tales como la salud, la educación y por
cierto que su hijos tengan oportunidades efectivas y autonomía económica en su
adultez.
Por otra parte la existencia de grupos de clase media considerados vulnerables,
cuyos niveles de salario, pésimas pensiones, y baja cobertura de salud y enfrentar
las condiciones de una vida en ciudad. Esta clase social por cierto cumple con
su parte en el contrato social, a pesar de vivir en constante abuso por quienes
poseen los medios económicos. Sin duda este grupo debe crecer en salarios mínimos
y por cierto también garantizar los derechos sociales a los que tienen derecho
de modo de eliminar las incertidumbres del medio.
Otros grupos sociales como la clase media alta y la clase de la elite
chilena deben ser integrados a la sociedad, en el sentido de que el nuevo
contrato social debe ser amplio y unitario. La nueva forma de convivencia debe limitar
el desentenderse y aislarse de lo que pasa con la gran mayoría del país. La integración
social no sólo tiene un valor en sí mismo, sino que resulta clave para la
sustentabilidad política de un sistema de derechos sociales de calidad.
Esta es una
crisis sistémica de rechazo a un modelo de sociedad en decadencia, por ello es
social pero también es política pues rechaza una forma de organización
establecida sin derecho a réplica de los ciudadanos del país. Un Pacto Social
debe pretender democratizar el poder, estableciendo nuevas formas en la toma de
decisiones, de manera transparente, vinculante y con participación amplia, en
donde esté representada la inmensa diversidad que hoy día tiene la sociedad
chilena. La expresión política
ha tenido una enorme resistencia al cambio. Los/as líderes deben
comprender que es la hora de un profundo cambio social, es necesario un dialogo
nacional con simetría, con altura de miras y dispuesto a ceder para alcanzar
cambios reales.
En acuerdo
con la discusión la ciudadanía requiere de una nueva forma de comunicación social
con nuevos deberes y derechos los cuales deben ser discutidos por las grandes mayorías
del país en convenciones constituyentes que permitan una amplia discusión de
los grandes temas que requiere la sociedad, los que se pueden precisar en
acuerdo con las siguientes proposiciones:
PROPUESTAS
1
Establecer como concepto que chile es un país unitario
2
Establecer nueva ley de derechos y deberes
3
Una población que incluye pueblos originarios que requieren de un reconocimiento
establecido constitucionalmente.
4
Abrir espacios de
diálogo permanente con la ciudadanía
5
Reconocimiento de
la crisis actual, basada en el abuso y desigualdad de un sistema agotado. Que
responde a una crisis sistémica
6
Proponer
instrumentos de solución de crisis social en la sociedad que permitan a todos
los estamentos del país la construcción de una nueva expresión social que conduzca
a un Pacto Social, para satisfacer las demandas ciudadanas.
7
Nuevo Trato Laboral
8
Eliminar
constitucionalmente como solución de crisis la represión en cualquiera de sus
formas lo que permite a las mayorías, manifestarse en forma pacífica.
9
Generar una vía de
convergencia sin condiciones que permita la expresión de sectores postergados
con garantías para ejercer el derecho a expresarse.
10
Alcanzar la
posibilidad de una asamblea constituyente dirigida por el pueblo y para el
pueblo.
11
Eliminación de la
subsidiaridad de la constitución
12
Propuesta de un
sistema solidario y redistributivo
13
Reformular los
sistemas de pensiones, y los fondos de pensiones hacia un sistema solidario.
14
Un nuevo sistema de
salud y Control por parte de la superintendencia de las Isapres
15
Leyes duras de antimonopolios
y anti-colusión
16
Fijación de precios
de los remedios sensibles
17
Pensiones dignas
para ancianos( vejez digna)
18
Eliminación de Tributación
para personas mayores
19
Fijar condiciones
adecuadas a los cargos políticos
20
Fin a la inequidad
de genero
21
Transitar a hacia
un nuevo de tipo mixto del sistema AFP
22
Cambios en las
condiciones de uso del TAG
23
Leyes de
estacionamiento
24
Leyes de Anticorrupción
en los estamentos país
25
Eliminación de
impuestos regresivos como el I.V.A.
La nueva
forma de convivencia social, requieren de asumir que el gasto social debe incrementarse
por parte del estado, para lo cual se debe recaudar más dinero por la vía impositiva,
por lo cual es necesario un nuevo Pacto Contributivo como impuesto a la riqueza
que permita una nueva asignación de recursos de tipo solidarios.
CONCLUSIONES
El
desarrollo de las propuestas expuestas integradas que se exponen requieren cada
una de ellas una visión sistémica, desde una posición técnica que permita que
en el largo plazo el país pueda ser más solidario eliminando las condiciones de
abuso permanente de las clases más desvaloradas del sistema, que son
reiteradamente sometidas a los abusos por parte de las clases dominantes,
sistemas comerciales, AFP, TAG, colusiones y otros.
Si bien un incremento
en el gasto social construye un país más justo, ello no puede ser a petición
inmediata pues cada aspecto requiere del apoyo de un estudio técnico, de otro
modo puede conducir a la violenta caída del empleo e inflación sometiendo al
país a un conflicto de largo plazo, por tanto debe ser una tarea de conciencia,
en que participen todos los estamentos de la sociedad, como empresarios,
inversores y las comunidades sociales.
