CHILE EN LA ENCRUCIJADA
Por Freddy Ponce
Chile enfrenta una prolongada crisis política e institucional, cuyas manifestaciones más evidentes son la fragmentación del sistema de partidos políticos, el deterioro de la gobernabilidad, el ascenso de corrientes populistas y la creciente presencia del crimen organizado. Estos fenómenos, sumados a la elección de un gobierno de extrema derecha, han debilitado la capacidad del Estado para conducir eficazmente el desarrollo nacional y responder a las demandas de la ciudadanía. Asimismo, la polarización ideológica y la fragmentación del Congreso dificultan la construcción de acuerdos amplios y sostenibles, obstaculizando la toma de decisiones, profundizando el desgaste institucional.
Como resultado de ello, se ha instalado un escenario de incertidumbre que compromete la capacidad del país para impulsar reformas, fortalecer el Estado de derecho y proyectar una visión compartida de futuro.
En este estado de cosas, la ciudadanía observa con creciente desconfianza al sistema político en el país, que parece hablar en un idioma ajeno a sus urgencias. La inseguridad, el deterioro del empleo y el estancamiento económico han desplazado las prioridades sociales. Frente a ello, la población exige respuestas claras: orden, certidumbre económica, protección de derechos fundamentales y una política social efectiva que no quede atrapada en disputas doctrinarias.
La búsqueda de respuestas a por qué se ha generado este desconcierto social, sin duda, tiene que ver con una forma de la política tradicional que sigue operando con lógicas del siglo XX en un entorno social del siglo XXI. Modernizar procesos digitales o aumentar los presupuestos ministeriales poco sirve si la clase dirigente carece de visión estratégica a largo plazo.
En este sentido, el Estado no puede sostener indefinidamente con vetos cruzados, la desaprobación ciudadana y la desconexión entre la agenda parlamentaria y las demandas reales de la calle.
Frente a este escenario, la ciudadanía se formula preguntas fundamentales sobre el futuro de Chile. Entre otras:
En materia de seguridad pública, surge una interrogante central: ¿cómo recuperar el control de los territorios afectados por la delincuencia y el crimen organizado sin poner en riesgo las garantías y libertades propias de una democracia? Una pregunta especialmente relevante para un país que conoce el alto costo humano y social que implica el debilitamiento del Estado de Derecho.
Respecto del modelo de desarrollo, el debate se centra en definir una estrategia para el siglo XXI que logre conjugar crecimiento económico, sostenibilidad ambiental, certeza para la inversión y mayores niveles de bienestar social. la pregunta fundamental es cómo construir una economía más dinámica, innovadora e inclusiva, capaz de generar oportunidades para todos. Esta discusión involucra a diversos actores: el gobierno, responsable de diseñar e implementar políticas públicas; el parlamento, encargado de proveer el marco legislativo necesario; el sector empresarial, que impulsa la inversión, la innovación y la creación de empleo; y la ciudadanía organizada, cuyas demandas y expectativas ejercen una creciente influencia sobre las prioridades del desarrollo nacional.
En el ámbito institucional, el desafío consiste en fortalecer al Estado para prevenir la corrupción, aumentar la transparencia y cerrar espacios a la infiltración del crimen organizado en las instituciones públicas. Esto exige establecer mecanismos permanentes de control, fiscalización y rendición de cuentas para las autoridades y funcionarios públicos, con altos estándares de probidad, integridad y prevención de conflictos de interés, garantizando que quienes ejercen funciones de responsabilidad pública se encuentren libres de cualquier vínculo con redes criminales o actividades ilícitas.
En cuanto al sistema político, el desafío central consiste en reconstruir un espacio de diálogo, cooperación y confianza que permita superar la actual polarización, generar acuerdos amplios y devolver eficacia a la acción pública. Para ello, los partidos políticos deben asumir la responsabilidad de promover políticas de Estado con una visión de largo plazo, orientadas al interés nacional y al bienestar común, dejando de lado las dinámicas de confrontación permanente que han dificultado la construcción de consensos y debilitado la gobernabilidad.
En definitiva, todos estos desafíos convergen en un objetivo común: recuperar la confianza ciudadana en las instituciones democráticas y restablecer la convicción de que la democracia es capaz de resolver los problemas de las personas, ofrecer estabilidad y construir un proyecto de futuro compartido para el país.
UNA NUEVA PRAXIS POLÍTICA
Sí, es posible. Sin embargo, ello exige asumir ciertos principios fundamentales para el desarrollo del país en un contexto globalizado. Quizás el más importante de ellos sea la necesidad de superar el cortoplacismo electoral y el dogmatismo ideológico que han marcado buena parte del debate público en las últimas décadas.
Del mismo modo, el progreso económico no puede medirse exclusivamente a través de indicadores macroeconómicos, ignorando las dificultades cotidianas que enfrentan miles de familias debido al aumento del costo de la vida. Tampoco resulta sostenible diseñar políticas públicas basadas únicamente en voluntarismos políticos que desatiendan su viabilidad técnica y financiera. Lo que Chile requiere es una gestión pública pragmática, eficiente y centrada en
personas.
La sociedad civil dispone hoy de más información y herramientas de participación que nunca gracias a las tecnologías digitales. Sin embargo, paradójicamente, el debate público se encuentra cada vez más fragmentado por la polarización en redes sociales y las trincheras partidarias. Frente a esta realidad, se hace indispensable recuperar una mirada de Estado, capaz de impulsar proyectos de largo plazo sustentados en principios permanentes de probidad, mérito, equidad y responsabilidad pública.
CONSTRUIR UNA ÉTICA PÚBLICA
Una renovación política auténtica debe comenzar en esta apreciación con una exigencia ética hacia quienes ejercen autoridad. El reconocimiento de las propias limitaciones constituye un requisito indispensable para restaurar la confianza pública. Chile necesita una política guiada por la sabiduría en la decisión, la fuerza institucional para aplicar la ley y la convivencia democrática respetuosa.
Restablecer la coherencia entre discurso y acción implica desprenderse del orgullo partidario, la soberbia intelectual y el amiguismo, para reencontrarse con la humildad, el servicio público y la libertad de conciencia. Solo desde una ética de la responsabilidad será posible construir los acuerdos transversales que el Chile del siglo XXI exige para asegurar desarrollo y paz social.
